Víctor Fajardo denuncia al Psuv por desconocer legitimidad de autoridades electas en Río Caribe.

(Carolina Isava).-El alcalde encargado de Río Caribe, municipio Arismendi del estado Sucre, Víctor Fajardo –Primero Justicia–, denunció a los concejales del Psuv Xiomara Lugo y Carlos Oliveros y al edil de Avanzada Progresita Álvaro Lugo, por desconocer la legitimidad de las autoridades electas el pasado 6 de enero e imponer, en un acto paralelo, a Oliveros como jefe provisional del ayuntamiento de esta localidad al noreste de Venezuela.
Fajardo explicó que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece los pasos a seguir tras la ausencia temporal o absoluta de los alcaldes o alcaldesas. Cabe recordar que el 20 de julio de 2014, Enrique Franceschi, alcalde de Río Caribe, fue asesinado de varias puñaladas en su vivienda. Había resultado electo como alcalde en los comicios del 8 de diciembre de 2013 tras obtener siete mil 99 votos. Militaba en Acción Democrática.
Como su deceso se produjo antes de cumplir la mitad del período, el Consejo Nacional Electoral –CNE– , debió convocar elecciones en el municipio Arismendi, pero incurrió en omisión y la Cámara encomendó al entonces presidente del legislativo municipal Álvaro Lugo –también de AD–, como alcalde encargado desde el 24 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. Posteriormente, Víctor Fajardo, fue designado el 08 de enero de 2016 por sus compañeros de cámara como alcalde encargado por ese año y fue ratificado en el cargo este 06 de enero durante la sesión de instalación celebrada en la sede del Concejo Municipal. El edil José Luis Rodríguez –Psuv–, pasó entonces a ocupar la presidencial del Concejo Municipal, acompañándole en funciones Alexis Ugas -Copei– , en la vicepresidencia y Víctor Alvez –AD–. Todos ediles principales.
No obstante, Fajardo denunció que en paralelo, el concejal del Psuv Carlos Oliveros, convocó a otra sesión en la plaza Bolívar de Río Caribe y con el apoyo de sus compañeras de fórmula, la principal Xiomara Lugo y Lucimar Ortega, suplente de José Luis Rodríguez (este último en pleno ejercicio de sus funciones), y de Álvaro Lugo –inhabilitado tras 11 meses de falta absoluta–, se proclamó alcalde de Río Caribe.
“Cuando se someten a votación los nombres para escoger al presidente o presidenta del Concejo Municipal, deben votar los principales, no los suplentes. Así lo estipula la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”, explicó el burgomaestre encargado Víctor Fajardo, al alertar sobre el golpe orquestado contra la legitimidad de las autoridades electas por el pueblo, así como las facultades para designar al jefe del ejecutivo municipal. “Esta es una maniobra política”.
Consultado en torno a las acciones que emprenderá en adelante, Fajardo respondió que ya se comunicó con el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Gerardo Blyde –burgomaestre del municipio Baruta, estado Miranda–, quien le manifestó que el acto presidido por Rodríguez es írrito e informó que la instancia tomará cartas en el asunto.
Asimismo, Fajardo acudirá a las instancias respectivas a formular la denuncia: Contraloría Municipal, Contraloría Estatal y Contraloría General de la República, así como al Banco Bicentenario y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras –Sudeban–, toda vez que las cuentas manejadas por el Concejo Municipal y la Alcaldía quedaron “secuestradas” por Oliveros.
“Ya fuimos a hablar con los representantes del Banco Bicentenario en Río Caribe y allí nos dijeron que lo que prevalece es lo político y no lo legal. Esta respuesta es un insulto al gentilicio arismendino. Insistimos, este órgano legislativo paralelo, carece de toda legalidad ya que no reúne la mayoría calificada que dictamina la ley para garantizar la legitimidad de sus acciones y acuerdos”, argumentó el alcalde encargado.
Fajardo denunció a Oliveros por perjudicar al pueblo de Río Caribe y a los trabajadores de la alcaldía quienes ven vulnerado su derecho a la justa remuneración. “Estos concejales, actuando al margen de la legalidad y falseando la verdad, consiguieron que autoridades bancarias bloquearan la cuenta mediante la cual se paga la nómina”.
Fajardo interpondrá una demanda contra quienes han incurrido en delitos de falsificación de sellos y firmas, usurpación de funciones, forjamiento de actas y documentos del legislativo que constituyen un fraude administrativo contra el pueblo de Arismendi y los tesoros municipales. Asimismo llamó a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto y aplicar los correctivos necesarios para restituir el estado de derecho en el municipio Arismendi.

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