Se acerca el 12 de octubre, antes llamado día de la raza y ahora de la resistencia indígena, pero la realidad hoy es peor para los indígenas venezolanos, reducidos a territorios esquilmados, expulsados de sus tierras ancestrales por los explotadores del oro, huyendo para no morir de hambre, asesinados por la ambición de grupos armados, guerrilla, paramilitares y bandas criminales. Lo peor es la impunidad, como revela el informe más reciente de la ONU sobre Venezuela y el documental Oro de Sangre. El asesinato de varios indígenas es atroz, ocultado por organizaciones del gobierno y la revolución. Uno de esos casos es el asesinato del indígena uwottujja Virgilio Trujillo Arana, el 30 de junio de 2022 en Amazonas, por enfrentar la minería ilegal.
Trujillo era líder de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y de la Guardia Territorrial. Por lo menos 32 líderes indígenas han sido asesinados en Venezuela, la mayoría de ellos a manos de los grupos armados de las minas y una docena por militares.
Un habitante de la comunidad le dijo a Infobae que ese 30 de junio, Virgilio estuvo en una reunión en Orpia (Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas) y al salir de ahí se fue hacia el sector Morichalito de lEl Escondido III, en la periferia de Puerto Ayacucho, por donde él vivía. “Lo que supimos es que quienes lo mataron lo subieron o lo obligaron a subir a un carro, como a eso de las 4 de la tarde, y le dieron tres tiros en la cabeza”.
Agrega que “en esos operativos que el gobierno llama contra los TANCOL, destruyeron unas naves de aterrizaje cerca de Puerto Ayacucho. Gente de la zona dice que en las fotos que publicaron en redes de ese hecho aparecía Virgilio, por eso la familia solicitó en la Fiscalía que en esos videos de propaganda del gobierno se eliminaran esos videos donde aparece Virgilio; claro, eso ya no tiene sentido porque él está muerto, pero Virgilio fue el que sirvió de guía para indicar dónde estaban esas pistas”.
“Esos cuerpos de seguridad, policiales y militares, están infiltrados por quienes manejan esas pistas. Incluso dentro de las mismas narcoguerrillas hay indígenas no solo son colombianos, gente que se han constituido en facciones de esos grupos al servicio del narcotráfico. El asesinato de Virgilio fue un mensaje que sembró terror a los defensores de las comunidades indígenas que se han replegado. Para colmo Orpia no ha querido hacer nada”, dijo.
Varios miembros de la comunidad y dirigentes indígenas que fueron a los cuerpos de seguridad, incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), posteriormente recibieron amenazas y hombres no identificados se presentaron a las viviendas de varios de ellos. “Llegaron diciendo que venían de parte de alias Ismaelito, del ELN”.
El CICPC hizo citaciones por el asesinato de Virgilio Trujillo. “Lo más triste es que el dueño del vehículo donde asesinaron a Virgilio sería otro indígena piaroa y el hijo de un policía, porque los narcos involucraron a varios indígenas en el tráfico de drogas. Otras personas, incluyendo las de organizaciones indígenas, como Orpia, se replegaron y están en silencio”, finaliza diciendo el vecino de la comunidad que habló con Infobae.
Reclamo de la comunidad
A mediados de agosto 2022, el indígena uwottuja Alfredo Márquez de la comunidad Sabanita de Pintao, parroquia Platanillal, municipio Átures, estado Amazonas, dijo que se han unido varias organizaciones indígenas de los ríos de Sipapo, Autana, Manapiare y Cataniapo. “Que agrupe a las tres organizaciones que existen actualmente” y que se llamará Consejo de la Autoridad Legítima del Pueblo Originario Owottujja del estado Amazonas.
Agradeció a los medios de comunicación “que nos ayudan a hacer valer los derechos de nuestra lucha indígena. Vamos a acompañar a la familia de Virgilio a la Fiscalía a entregar un documento para que no se quede impune”.
Posteriormente Márquez dijo, a través de un video, que el 12 de octubre es un día de lucha y resistencia, como “homenaje a los caídos por la lucha de la defensa territorial de Amazonas, desde Diógenes Garcés hasta Virgilio Trujillo”.
“Haremos una ceremonia sagrada para despertar el espíritu de los ancestros para que nos dé las energías para poder seguir hacia la reivindicación de nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y especialmente en la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, dijo Márquez, quien anunció que el 12 de octubre arrancarán actividades, a las 8 de la mañana, en el fundo La Reina, en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.
El 1 de julio de 2022 la organización SOS Orinoco denunció el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo. Por otra parte, la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se pronunció contra el asesinato de Trujillo, destacando que fue fundador de los Guardianes Territoriales del Sipapo, Autana. “Lamentablemente, la muerte de Virgilio Trujillo se suma a la de otros defensores de las comunidades indígenas, como la del líder Freddy Menare, quien fue asesinado por la defensa de su espacio vital ancestral”.
También la delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en Venezuela se pronunciaron condenando “firmemente” el asesinato del líder indígena y activista ambiental Virgilio Trujillo. “Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de los líderes indígenas, territoriales y ambientales en defensa de sus territorios, y a todos los defensores de derechos humanos”.
Al cumplirse 45 días del asesinato de Trujillo Arana, varios indígenas llevaron a cabo una protesta en Amazonas, exigiendo justicia, entregando un documento por la celeridad para esclarecer el caso; la actividad fue liderada por el defensor de derechos humanos José Mejía, con participación del coordinador de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, Roberto Yarinape.
La aniquilación indígena continúa. Después del asesinato de Virgilio Trujillo, no pasó mucho tiempo para que las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) asesinaran a tres indígenas jivi.
Lo dice la ONU
La Misión de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela reveló en su más reciente informe que desde el 2016 “varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques”, particularmente en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser ruta del narcotráfico ilícito, “como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.
No solo son los narcotraficantes o los guerrilleros, también reciben “amenazas y ataques por parte de representantes del Estado contra líderes y lideresas indígenas por haberse opuesto a la presencia armada del Estado en territorios indígenas”, dice la Misión, quien recibio información de que en el 2018 autoridades militares y del gobierno amenazaron con detener a líderes pemones y de las Guardias Territoriales.
“El 23 de julio de 2018, el general de brigada Roberto González Cárdenas acusó en un programa de televisión a la lideresa indígena Lisa Lynn Henrito Percy de ser ‘secesionista’, de liderar un movimiento separatista pemón”. Incluso la señaló de traición a la patria.
La Misión de la ONU resalta lo ocurrido en la comunidad de Turasén, Gran Sabana, el 26 de septiembre 2018, con el asesinato de José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón. “Personas con liderazgo dentro del pueblo pemón, que fueron consultadas por la Misión, afirmaron que el propósito del asesinato fue amedrentar y debilitar los cuerpos de la Guardia Territorial que interfería con las actividades de contrabando. El Ministerio Público oficialmente acusó a un exfuncionario de la FANB de homicidio agravado”, dice la Misión en alusión a Edward Frederick Curuma, funcionario de la Fuerza Armada detenido por el hecho.
Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, dijo en redes sociales que a José Vásquez “lo venían siguiendo por parte de agentes del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) hasta que lograron su objetivo: eliminarlo. Seguimos investigando para saber quién está detrás de todo. Solo para confirmar”.
La Misión de Determinación de la ONU dice que tenía 36 años cuando, el 13 de marzo 2018, Óscar Meya “fue detenido, torturado y desaparecido por aparentes miembros del ‘sindicato’ de El Fabio en El Dorado, parroquia Dalla Costa, municipio Sifontes”.
Caso los Meya
Dicho ‘sindicato’ “estaba tratando de tomar control de minas que estaban siendo manejadas por la comunidad indígena pemón (taurepán) de San Luis de Morichal, municipio Sifontes (sector IV pemón), cuyo capitán era Omar Eliézer Meya, el hermano de Óscar Meya. Desde 2017, miembros del ‘sindicato’ de El Fabio (o El Negro Fabio), habían ofrecido supuestamente incentivos a la comunidad para que permitiese el acceso del ‘sindicato’ a las minas del área. Cuando la comunidad denegó la oferta, el ‘sindicato’ amenaza supuestamente a la comunidad y a ejercer la violencia para desplazarla, y así obtener el control de las minas”.
“La familia del capitán indígena, Omar Meya, comenzó a sufrir amenazas. El 30 de julio de 2017, Domingo Cabrera, minero y primo de Omar Meya, desapareció en San Luis de Morichal. La comunidad señaló al ‘sindicato’ de El Fabio de ser responsable de la desaparición”.
El 13 de marzo de 2018 Óscar Meya y un primo estaban en El Dorado cuando fueron “secuestrados por hombres armados, quienes los llevaron a una oficina cercana de compra de oro. Allí, fueron golpeados, acusados de ayudar el Ejército en las operaciones militares contra el ‘sindicato’ de El Fabio. Cortaron la frente del primo de Óscar con una navaja; sin embargo, cuando se enteraron de que él no había cooperado con las fuerzas armadas, lo soltaron”.
A Óscar, los hombres armados lo encapucharon la cabeza y se lo llevaron en una lancha. Según un testigo le dijo a La Misión que oficiales armados de la GNB estaban presentes en El Dorado cuando los hombres armados trasladaron a Meya, “pero no actuaron para proteger la vida de Óscar Meya”.
“La familia de Óscar Meya ha continuado recibiendo amenazas y siendo víctima de actos violentos. El 28 de marzo de 2021, Luis Mario Meya Márquez, un primo de Óscar Meya de 17 años, fue asesinado en San Luis de Morichal por hombres armados desconocidos”, dice el Informe de la Misión. “Hasta el momento de redacción del presente caso, ninguna persona ha sido arrestada en el caso y el paradero de Óscar Meya sigue desconocido”.
“Junto con los actos de violencia perpetrados por actores armados, la Misión ha documentado casos de ataques violentos dirigidos a obtener el control de territorios indígenas por parte de agentes del propio Estado. Este tipo de ataques se han producido a menudo en el contexto de operaciones militares, como la operación Manos de Metal o el plan Tepuy Protector, con la supuesta finalidad de controlar la minería ilegal, particularmente en zonas naturales protegidas que coinciden con los territorios indígenas, como es el caso del Parque Nacional Canaima, en diciembre de 2018″.
“Dados los intereses económicos de las élites militares y económicas venezolanas en la explotación del oro y otros minerales estratégicos, existen indicios de que el objetivo real de las operaciones militares en los territorios indígenas de Gran Sabana pueda ser el de asegurar el control sobre los recursos naturales, directamente por el Estado o por grupos afines”, destacó el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Fuente: Infobae / Sebastiana Barráez